El gobierno de Donald Trump revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 250,000 venezolanos, poniéndolos al borde de la deportación. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la medida afirmando que el TPS "socava" la seguridad fronteriza.
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La decisión ocurre a pesar de un reciente fallo judicial que consideró ilegal la cancelación del amparo. La demanda la presentaron la Alianza Nacional TPS y siete inmigrantes, quienes argumentan que el fin del TPS causa graves daños, como la pérdida de empleo y la separación familiar.
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Se espera que un juez federal entregue una nueva resolución que podría congelar la decisión de Trump. El TPS protege a los beneficiarios de la deportación y les permite trabajar legalmente en el país.
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