La ACLU demandó al gobierno de Puerto Rico para que entregue de manera inmediata todos los documentos relacionados con el traspaso a ICE y DHS de información de unos 6,000 migrantes indocumentados que obtuvieron licencias de conducir bajo la Ley Núm. 97 de 2013. La organización alega, entre otras cosas, que la Administración de la gobernadora Jenniffer González violó el estatuto, ya que la ley establece que esa información debe ser confidencial.
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