La ACLU de Puerto Rico demandó al gobierno porque el DTOP (el departamento de licencias) entregó a las agencias federales de inmigración ICE y DHS los datos confidenciales de unos 6,000 migrantes que obtuvieron licencias de conducir en la isla.
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El gobierno federal usa estos datos para buscar, arrestar y deportar a esas personas.
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La ACLU dice que esto es ilegal porque la ley de Puerto Rico (Ley 97 de 2013) fue creada justamente para proteger esos datos y evitar que se usen para fines migratorios.
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Además, el DTOP se negó a mostrar los documentos que demuestren si tenían una orden judicial para entregar esa información.
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Esta acción sienta un precedente peligroso, ya que demuestra que el gobierno puede compartir información privada con agencias federales sin ser transparente ni respetar las leyes locales que protegen los datos de los residentes.
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