Un grupo de organizaciones de derechos civiles —entre ellas la ACLU, la NYCLU y el Center for Constitutional Rights— presentó una demanda ante un tribunal federal en Nueva York para ”Forzar la divulgación” de una opinión legal de la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC), que forma parte del Departamento de Justicia, y que “aparentemente justifica los actuales ataques como acto legales, esto podría revelar si ese dictamen no solo buscaría avalar la legalidad de los bombardeos, sino proteger e inmunizar a los funcionarios y militares que los autorizaron o ejecutaron, para evitar que puedan ser acusados penalmente por homicidio en el futuro.
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