La administración Trump ha presentado una nueva propuesta del HUD para asegurar que la vivienda pública sea exclusiva para ciudadanos estadounidenses y extranjeros con estatus legal verificado.
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Esta medida busca eliminar las lagunas legales que permitían a personas indocumentadas acceder a beneficios financiados por los contribuyentes, estableciendo controles de identidad más estrictos para todos los beneficiarios sin importar su edad.
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Con este cambio se refuerza la política de tolerancia cero ante el uso de recursos públicos por quienes no cumplen con los requisitos de elegibilidad.
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La normativa también limita la asistencia a hogares de estatus mixto y habilita mecanismos de denuncia para reportar irregularidades, alineando los programas de vivienda con las prioridades de reforma migratoria y seguridad nacional del gobierno.
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