El Senado de la República inició el proceso legislativo para eliminar las candidaturas independientes de la Ley Orgánica de Régimen Electoral 20-23, en cumplimiento de la sentencia 788-24 del Tribunal Constitucional que ordenaba su regulación. En la actual Ley Electoral, se incluyó la posibilidad de que una persona se postule a un cargo público sin estar afiliada a un partido político. Sin embargo, esta opción nunca fue implementada de manera efectiva.
El caso de Alberto Fiallo, quien intentó registrarse como candidato independiente tras su salida del partido Opción Democrática, llevó a la judicialización del tema. La Junta Central Electoral rechazó su solicitud, lo que derivó en el fallo del Tribunal Constitucional que instaba a legislar sobre el asunto.
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