El Salvador marcó un hito en su sistema judicial al aprobar una reforma constitucional que permite la cadena perpetua.
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Esta medida elimina los límites previos de las condenas para asegurar que los criminales más peligrosos permanezcan en prisión de por vida.
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La nueva normativa sancionará específicamente a quienes cometan delitos de homicidio agravado, violaciones y actos de terrorismo.
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El Gobierno de Nayib Bukele sostiene que estas penas severas resultan necesarias para desarticular definitivamente a las estructuras criminales del país.
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La prioridad de esta reforma radica en garantizar la justicia para las víctimas y fortalecer la disuasión contra la violencia extrema.
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Mientras muchos ciudadanos apoyan este endurecimiento penal, diversas organizaciones internacionales mantienen un debate sobre los derechos humanos en el sistema carcelario.
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