El Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha declarado la inconstitucionalidad sobrevenida en su sentencia TC/0235/26, enfocándose en la protección contra la usura. Esta decisión afecta directamente a los ciudadanos al resaltar un vacío legal creado por la derogación de sanciones penales por usura en la Ley núm. 183-02.
La sentencia subraya que esta derogación, aunque válida en 2002, se vuelve inválida tras la Reforma Constitucional de 2010. Esta reforma otorgó jerarquía constitucional a tratados internacionales que prohíben la usura, obligando al Estado a garantizar la protección de los derechos fundamentales.
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