El Poder Ejecutivo ha implementado un régimen exclusivo y confidencial para el personal de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Esta medida, parte del reglamento de la Ley 1-26, busca regular las operaciones y la seguridad social de los agentes involucrados.
El decreto 291-26 establece que las nóminas de los agentes deben ser reservadas y que el personal tendrá identificación oficial restringida para proteger su anonimato. Además, se contempla la creación de un régimen especial de seguridad social y pensiones vitalicias para quienes hayan servido al Estado por más de 20 años.
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