El Estatuto de Roma exige a todos los Estados Partes cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional en investigaciones y juicios de crímenes. Esta colaboración es clave para el funcionamiento efectivo de la Corte, según sus redactores.
Los Estados deben adaptar su legislación interna para facilitar la asistencia a la Corte. Además, están obligados a establecer mecanismos que les permitan responder rápidamente a las solicitudes de cooperación, evitando así obstáculos en el proceso.
El incumplimiento de estas obligaciones podría tener consecuencias políticas negativas, ya que la Corte podría notificar la situación a la Asamblea de Estados Partes o al Consejo de Seguridad.
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