Estados Unidos ha impuesto un arancel adicional del 12,5% a las exportaciones dominicanas por la falta de un sistema efectivo que prohíba la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso. Esta medida, anunciada por el USTR, coloca a la República Dominicana en la misma categoría que Costa Rica y Panamá.
En respuesta, el Gobierno dominicano emitió el Decreto 502-26, que otorga a la Dirección General de Aduanas la autoridad para prohibir o destruir mercancías relacionadas. Sin embargo, este decreto no cuenta con los recursos ni la capacidad necesaria para su aplicación efectiva, lo que ha llevado a la imposición del arancel.
Estados Unidos exige un sistema más robusto que incluya inspecciones rigurosas y resultados medibles, estándares que la República Dominicana aún no ha logrado cumplir.
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