El Departamento de Justicia multiplicó la cantidad de personas a las que pretende revocarles la ciudadanía, entre ellos, el religioso mexicano, Urbano Vázquez Ortega, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual de menores.
El gobierno sostiene que el hombre cometió el delito antes, durante y después de su proceso de naturalización en el 2017.
Este caso forma parte de una campaña de desnaturalización de la actual administración que busca revocar la ciudadanía a naturalizados que ocultaron delitos graves.
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