El Departamento de Seguridad Nacional planea contratar investigadores privados para localizar a inmigrantes deportados en México, Honduras y Guatemala.
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Esta estrategia busca entregar notificaciones de cobro por multas migratorias pendientes fuera del territorio estadounidense.
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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza manejará un presupuesto de nueve millones de dólares para este programa en los próximos dos años. Los contratistas verificarán domicilios y entregarán folletos informativos sobre las sanciones económicas que los deportados adeudan.
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Las multas acumuladas alcanzan hasta $1.8 millones debido a sanciones diarias de 998 dólares por no abandonar el país a tiempo. Diversos expertos en derecho migratorio cuestionan la legalidad de esta iniciativa porque consideran que vulnera el debido proceso.
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Las empresas privadas recibirán pagos fijos por cada persona localizada y bonificaciones por rapidez en las notificaciones. Todo el dinero recuperado financiará futuros operati...
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