El gobierno de Estados Unidos canceló un contrato de 150 millones de dólares para la defensa de menores migrantes no acompañados y ahora otorgó uno nuevo por 158 millones. La organización anterior tenía décadas de experiencia y trabajaba con cientos de abogados y organizaciones para atender a estos niños.
Además, el gobierno todavía le debe 65 millones de dólares. ¿Qué cambia para los menores al pasar de una organización especializada a otra encabezada por un exalto funcionario de Seguridad Nacional?
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