En Nuevo León, el derecho a decidir sigue pendiente en la ley.
La Suprema Corte ha reconocido que la criminalización absoluta del aborto vulnera derechos fundamentales. Aun así, nuestro Código Penal continúa contemplando sanciones para quien procure voluntariamente un aborto.
Y esta criminalización sigue teniendo efectos concretos: en 2025 se iniciaron 218 carpetas de investigación por aborto y, a agosto de 2026, 113 más.
Este 28S recordamos que los derechos no sólo se reconocen: también deben garantizarse en las leyes y en las instituciones.
La responsabilidad está en quienes legislan. El Congreso de Nuevo León tiene pendiente adecuar la legislación para garantizar el derecho a decidir.
El derecho a decidir no puede seguir esperando.
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