Un grupo de 23 relatores y especialistas en derechos humanos de la ONU denunció que Estados Unidos mantiene acuerdos de externalización migratoria con al menos 35 países, bajo los cuales unas 23.000 personas han sido deportadas a territorios distintos a sus naciones de origen. Los expertos advirtieron que esta práctica viola el principio de no devolución y expone a los refugiados a riesgos de tortura, persecución y graves vulneraciones de derechos humanos.
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Entre los países involucrados figuran México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana, Ecuador y Paraguay. Mientras la ONU exige la suspensión inmediata de estos convenios opacos, la administración de Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de EE.UU. que desbloquee las expulsiones hacia terceros países, tras un fallo judicial en Boston que había frenado esta medida.
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