El respeto a los derechos humanos y al debido proceso es crucial en la lucha contra la violencia en la República Dominicana. Esto no solo protege a los delincuentes, sino que evita que personas inocentes sean acusadas o condenadas injustamente.
La correcta aplicación de estos principios es vital para garantizar justicia. La Ley núm. 97-25 establece la separación de funciones entre la Policía y el Ministerio Público, asegurando que la investigación se realice de manera legal y fundamentada.
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