Las ejecuciones extrajudiciales en República Dominicana están en aumento, con casi treinta casos reportados solo en este mes. La muerte de jóvenes, como los mellizos acribillados en sus camas, ha encendido las alarmas sobre la crisis de derechos humanos en el país.
Las autoridades, incluyendo a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, enfrentan críticas por su falta de respuesta. Mientras Raful es cuestionada por su silencio, Reynoso ha desviado su atención hacia la corrupción, dejando de lado el combate a estas ejecuciones que prometió enfrentar.
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