Un conflicto legal se desata entre el Ministerio Público y el juez Alejandro Vargas sobre un caso de un depósito erróneo de 11 millones de pesos en la cuenta de un empleado del Ministerio de Educación. Mientras el Ministerio Público califica la situación como un robo, Vargas sostiene que se trata de un cuasidelito que debe resolverse en tribunales civiles.
El caso se remonta a noviembre de 2015, cuando Julio Guerrero Alcántara, quien debía recibir 11,471 pesos, retiró 4 millones antes de ser arrestado. A pesar de la solicitud de prisión preventiva por parte de la Procuraduría, Vargas decidió otorgarle libertad, argumentando que no había infracción penal.
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