El compliance se vuelve esencial en el ámbito empresarial dominicano, especialmente en sectores como la intermediación financiera y los seguros. A pesar de los esfuerzos del Estado para fortalecer la integridad en instituciones públicas, los ayuntamientos aún están en las etapas iniciales de su desarrollo.
La reciente ley 47-25 sobre compras y contrataciones públicas marca un avance, pero el compliance municipal sigue siendo limitado. Este concepto va más allá de cumplir la ley; se trata de un sistema que identifica y gestiona riesgos, previniendo problemas como la corrupción y el uso indebido de recursos públicos.
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