El poder ejecutivo dominicano enfrenta presiones para aplazar la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, programada para el 3 de agosto. Diversos sectores argumentan que no hay tiempo suficiente para realizar las modificaciones necesarias, lo que podría resultar en decisiones apresuradas y errores en su aplicación.
El actual código, en vigor desde 1884, ha sido objeto de críticas por sus inconsistencias y contradicciones. La urgencia por aprobar un nuevo marco legal plantea el riesgo de afectar la libre expresión y la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Se hace un llamado a los legisladores y al poder ejecutivo para que consideren las inquietudes del pueblo y garanticen un código penal moderno y justo.
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